Contratación de porteros, rondines, guardias de seguridad u otros sin porte de Armas

El Decreto Supremo N° 93, en sus artículos 12 y 13, el cual rige para todo empleador o empresa que tenga contratado personal que cumpla funciones de portero, rondín, guardia de seguridad u otros de carácter similar sin porte de armas, indica que se debe adquirir un seguro con el fin de asegurar al guardia, portero, nochero o rondín, en caso de posibles accidentes cuyo resultado sea fallecimiento, invalidez total/permanente o accidental durante el ejercicio de sus funciones.

En primer lugar este seguro de vida asegura exclusivamente al trabajador, no otorgando cobertura al empleador.

“DECRETO SUPREMO N° 93:
Artículo 12º.- Considérase que prestan labores de nochero, portero, rondín, guardias de seguridad 7 u otras de similar carácter para los efectos de este Reglamento, quienes sin tener la calidad de Vigilantes Privados, brinden personalmente seguridad o protección a bienes o personas, en general. 5 Ídem nota anterior. 6 El número 1 del artículo único del Decreto Supremo Nº 53, de 10 de octubre de 1994, del Ministerio de Defensa Nacional, sustituyó la expresión “Comandancia de Guarnición” por “Prefectura de Carabinero”. 7 Expresión intercalada del Decreto Supremo Nº 53, del Ministerio de Defensa Nacional.
Artículo 13º.- Las personas naturales que por cuenta de terceros, presten aquellas labores indicadas en el artículo anterior, tendrán la calidad de trabajadores de aquéllos y les serán aplicables las disposiciones del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Los empleadores deberán contratar un seguro de vida en favor de cada uno de estos trabajadores, cuyo monto no podrá ser inferior al equivalente de 75 Unidades Tributarias Mensuales. Del mismo modo, dichos empleadores deberán mantener permanentemente informada a la respectiva Prefectura de Carabineros acerca de los lugares exactos en que preste servicios su personal, como asimismo cualquier cambio que se produzca a este respecto. Igualmente, los trabajadores aludidos en este artículo deberán ser capacitados en las oportunidades, materias, condiciones y circunstancias que determine la Prefectura de Carabineros competente. Los gastos que demanden los exámenes de estos trabajadores, ante la Autoridad Fiscalizadora, serán de cargo de la entidad interesada.”

En segundo lugar, la entidad fiscalizadora en el cumplimiento de esta normativa es el O.S. 10 de Carabineros de Chile, quien al encontrar anomalías en el cumplimiento de la ley, emite un informe el cual es llevado a la Gobernación y estos a la vez la envían al juzgado, para que inicie el juicio y es el Juez es quien emite la multa, dependiendo de cada empresa.